miércoles, 15 de octubre de 2008

Los dos demonios del kirchnerismo

Hace pocos días el Juez Federal Ariel Lijo dispuso la reapertura de la investigación por la muerte del ex Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci. Esa medida fue solicitada por los hijos de Rucci y apoyada por el Fiscal Federal Patricio Evers.

Rucci fue muerto el 25 de septiembre de 1973 al mediodía, cuando salía de su casa de la Avenida Avellaneda 2935 del barrio de Flores, por un ataque que se atribuyó la organización Montoneros. Dos días antes, la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez, conocida como “Perón-Perón”, había conseguido una abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales.
Rucci fue siempre un personaje de la burocracia sindical del peronismo, vinculado políticamente a la derecha de ese partido. Se le atribuye haber tenido activa participación en el apoyo a los grupos armados que, al mando de Osinde, coparon el palco en Ezeiza y luego comenzaron a disparar contra la multitud el día del regreso definitivo de Perón.
Su muerte fue otro grave error de la organización Montoneros, que comenzó a quedar aislada del movimiento de masas y constituyó el disparador de la política de represión hacia la izquierda de conjunto que Perón llevó adelante con la Triple A.
Hoy, la reapertura de la causa por el homicidio de Rucci tiene una clara significación política y constituye, también, una conquista de la derecha y los sectores reaccionarios.
En materia de derechos humanos refleja que el gobierno, adhiriendo en esto al alfonsinismo, retoma la “teoría de los dos demonios” pretendiendo equiparar a las organizaciones armadas de izquierda –que llevaron adelante una política equivocada- a los genocidas y a la derecha más rancia.
En el plano político, la reapertura de la causa de Rucci significa, para el gobierno, afianzar la unidad con los sectores de la burocracia sindical y la derecha política del Partido Justicialista. En efecto, fue el propio titular de la CGT, Hugo Moyano, quien “reclamó” la reapertura de la causa y su investigación. Parecen ya lejanos los tiempos en que Kirchner y su gobierno empujaban la investigación de la Triple A con el objetivo político, precisamente, opuesto: golpear a la derecha del PJ y la burocracia para avanzar en la construcción de la “transversalidad”. Esta construcción falló y, desde hace ya tiempo, el kirchnerismo se apoya decididamente sobre la vieja estructura del PJ y la burocracia.

¿A dónde apuntan?

Para estas especulaciones políticas se vuelve a utilizar el gravísimo tema de los derechos humanos. Y esto es grave por cuanto, para justificar la reapertura de la causa, se califica a este hecho como “delito de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptible.
El gobierno le abre así la puerta a los genocidas y sus seguidores para pedir “la investigación y castigo” de otros hechos cometidos por la guerrilla.
Es que, de lo contrario, de considerarse a este hecho -grave desde el punto de vista humano y político- como un delito común, que lo es, estaría claramente prescripto y, consecuentemente, su investigación sería ya imposible, por lo menos en cuanto a la posibilidad de aplicar penas a quienes se consideraran sus autores.
Que la muerte de Rucci no es un delito de “lesa humanidad” es claro. La jurisprudencia y doctrinas internacional y nacional tienen en claro que delitos de “lesa humanidad” son solamente los cometidos desde el aparato del Estado o desde un grupo que actúe con apoyo, protección y complicidad del Estado, como la Triple A, por ejemplo. Los hechos cometidos por particulares, sean estos personas individuales u organizaciones de cualquier tipo, son siempre delitos comunes.
Es que la razón de ser de la imprescrip-tibilidad de los delitos de “lesa humanidad” radica en que, por ser delitos cometidos desde el aparato del Estado o de organizaciones para-estatales, mientras esos grupos ocupan el poder es imposible investigarlos, corre el tiempo y, de aceptarse la prescripción común, siempre prescribirían y quedarían impunes. El resto de los hechos, en cambio, al no ser cometidos desde el aparato del Estado o con su complicidad, pueden ser investigados en todo tiempo y por eso son comunes y prescriben.
De hecho, el homicidio de Rucci fue investigado desde 1973 y la causa recién se archivó en 1988 por falta de identificación de los posibles responsables.
Una vez más debemos denunciar esta maniobra del gobierno, movilizándonos, exigiendo el cese de la persecución a los militantes populares que se abre por esta peligrosa vía, y reclamando el juicio y castigo a los genocidas de la dictadura y a los integrantes de la Triple A, operativos, políticos y sindicales, únicos autores de crímenes de “lesa humanidad” en nuestro país.

Marcelo Parilli