sábado, 15 de marzo de 2008

Genocidas de ayer, funcionarios de hoy

Kirchnerismo "paladín"de los DD.HH.

Un espejo del doble discurso de la política de derechos humanos del Gobierno es lo que sucede con la designación de ex represores por parte de los gobernadores K Juan Manuel Urtubey, en Salta, y Walter Barrionuevo, en Jujuy (aunque en rigor, en esta última provincia el verdadero mandatario sigue siendo Eduardo Fellner, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación). Un escenario de complicidades con quienes formaron parte del Terrorismo de Estado.

Al igual que en Mendoza, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguramente se va a negar a recibir a los organismos de derechos humanos de Salta y de Jujuy que, este 13 de marzo, aprovechando su visita a Salta para inaugurar “obras públicas”, le van a plantear las denuncias sobre las designaciones de funcionarios que en la dictadura militar formaron parte del accionar genocida.

Juan Manuel Urtubey ungió en el Ministerio de Seguridad a Jorge Amado Skaf, denunciado en el Juicio por la Verdad por la testigo Cristina Cobos por realizar tareas de espionaje en la Universidad Católica, en calidad de integrante de la Policía Federal, desde 1976 a 1980. Skaf, fiel a su pasado, tiene a su lado al comisario Rubén Sandoval, denunciado por espiar a docentes.

“Cualquier persona que tenga un uniforme o que haya sido uniformado no tiene que ser necesariamente vinculado” con la represión, dijo Urtubey, y agregó que “hay otros intereses en juego”, aunque lógicamente no detalló cuáles. “En vez de poner su Gobierno a disposición de la Justicia y cumplir con los informes sobre la actuación de la Policía de la provincia en el período que se investiga, el gobernador Urtubey termina descalificando a la familia Cobos, que ha sufrido dos muertes”, le respondió el abogado David Leiva, de la Asociación Encuentro por la Memoria y la Justicia y de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos.

“Nos parece lamentable que a 32 años del genocidio se siga descalificando a las víctimas igual que en las acciones de guerra psicológica que empleó la dictadura terrorista”, dijo Leiva. Un panorama que para la Asociación De Derechos Humanos “Lucrecia Barquet” tiene una sola lectura: Urtubey es garantía de impunidad. En cambio, quien nunca abrió la boca es la diputada nacional Susana Canela, detenida durante la dictadura militar por su militancia en Montoneros, quien actualmente integra la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿ Cómo llegó a su banca? Es la pregunta que se formulará el lector. Muy sencillo: se identificó con el accionar del entonces gobernador menemista Juan Carlos Romero y fue premiada con una banca.

Es toda una paradoja (o no) que Romero, acusado de labilidad con los magistrados federales de su provincia en la dilación de los juicios a los represores, haya sido quien en el congreso normalizador del PJ propuso la prohibición de afiliación a acusados de crímenes de lesa humanidad. Metros más allá Urtubey, quien siempre fue su protegido, lo aplaudió con ganas.

Jujuy no se quedó a la zaga

El gobernador Walter Barrionuevo, un títere de Fellner, ha dado muestras de fidelidad en la ponderación de los represores. La designación del abogado Sergio Jenefes en el Tribunal Supremo de Justicia generó el rechazó de Familiares de Desaparecidos e HIJOS, por cuanto fue un calificado funcionario de la intervención federal durante la dictadura militar. Barrionuevo también ungió a Luis Alberto Morales como director de Seguridad Ciudadana en la intendencia de San Salvador de Jujuy. Morales fue chofer y custodio del coronel ahora en retiro Carlos Néstor Bulacio, quien durante el genocidio fue jefe en Jujuy y, antes, participó del Operativo Independencia, punto de partida del genocidio en Tucumán en febrero de 1975.

Morales, como es de público conocimiento, fue citado a declarar en los Juicios de la Verdad, en particular por la desaparición de Julio Rolando Álvarez García. Dijo que estuvo, junto a Bulacio, en el campo de concentración en Famaillá y que vio con vida a Alvarez García. Un juicio demorado por la justicia federal, donde otro de los acusados es el entonces oficial Rafael Mariano Braga, cuya esposa, la doctora Maria Cristina Fusta de Braga, le reclama a los organismos de derechos humanos de Jujuy que es inocente, con misivas enviadas desde su domicilio de Marcelo T. de Alvear 1347, 4º A.

Pero no todo se reduce a esos represores. Tal es el caso de Eduardo Carrizo Salvadores, vecino del recoleto barrio Cuyaya de la capital de la provincia. Es uno de los imputados por el fusilamiento de 16 combatientes del ERP, quienes se entregaron con vida tras el fallido intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, el 11 y 12 de agosto de 1974. Carrizo Salvadores es asistido legalmente por el defensor oficial de primera instancia, Oscar Tomás Del Campo, quien recurrió a todo tipo de dilaciones para que no quede detenido, tal como se prevé que suceda en la próxima citación. Aunque no será alojado en una prisión común; seguramente va a solicitar el arresto domiciliario apelando a sus 70 años, según lo pergeñado con su amigo Del Campo.

De acuerdo con la información brindada por el diario “El Pregón” del 19 de noviembre de 2007, con la excusa del aniversario de la autonomía política de Jujuy se realizó un desfile cívico y militar que fue presidido, en nombre del entonces gobernador Eduardo Fellner, por el ministro de Gobierno y Seguridad, Oscar Inausti, y por el jefe de la Guarnición Militar “Ejército de Jujuy”, teniente coronel Héctor Taborda. Una de las actividades de esta singular ceremonia fue la entrega de distinciones y reconocimientos y entre los escogidos estaba, ni más ni menos que Carrizo Salvadores. Un apellido que no es desconocido por Eduardo Fellner y su hermana, la senadora nacional Liliana Fellner.

Como se puede leer en las crónicas del enviado especial del matutino Página 12, Carlos Rodríguez, Fellner dispuso el relevo de Carrizo Salvadores, a quien había designado jefe de policía. Lo eyectó del cargo tras la represión en Ledesma, donde cayó asesinado por las balas de las fuerzas de seguridad el militante de la CCC Luis Marcelo Cuellar.

Finalmente, no se puede soslayar que Sergio Jenefes es hermano del senador nacional Guillermo Jenefes, integrante del bloque del Frente para la Victoria, presidente de la estratégica Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Vale la pena detenerse en el último: Libertad de Expresión. Como tiene injerencia económica en más de un medio de esa provincia, en todos ellos esta prohibido publicar estas denuncias, aun si se las paga como solicitadas. Así lo denunciaron los organismos de derechos humanos que se ilusionaron de contarle personalmente a la presidenta a través de una audiencia. Al igual que los mendocinos están esperando en vano que les responden, aunque sea protocolarmente. Ni una palabra de presidencia, ni tampoco del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. No parece que la situación vaya a cambiar ahora, con la designación del dirigente de Libres del Sur, Humberto Tumini, como secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos.



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