Las FF.AA. K

Escribe: Marcelo Parrilli, Presidente del CADHU

La dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 representó el proyecto más brutal y profundo del imperialismo y el capital nacional asociado a él para implantar un plan económico-social absolutamente antipopular, con enorme concentración de la riqueza en los sectores privilegiados y en especial en la especulación.
Para implementar ese plan, las Fuerzas Armadas y sus socios civiles aplicaron el terrorismo de Estado que causó miles de desaparecidos, categoría hasta entonces desconocida y que hoy, lamentablemente, se conoce en el mundo como “muerte argentina”. También hubo miles de muertos, presos políticos y exiliados. El extermino de una numerosa vanguardia obrera y popular preparó el camino para luego entregar, centralmente bajo el gobierno de Carlos Menem, el patrimonio nacional, las riquezas naturales y las principales conquistas obreras logradas en décadas de lucha.
La dictadura, además, dejó en claro el rol esencial que las FF.AA. han cumplido y cumplen en el sistema político, económico y social: el de ser el brazo armado de los sectores de poder para reprimir al pueblo trabajador. Esto ya se había manifestado en el pasado, pero nunca de manera tan palmaria.
La historia de las FF.AA. argentinas muestra que el último acto de fuerza al servicio del pueblo y de una causa justa fue cuando unos pocos soldados participaron en la Batalla de Ayacucho, a fin de 1824, cuando un ejército latinoamericano dirigido por el mariscal Sucre puso fin a más de 300 años de dominación española. Desde entonces, la historia militar ha sido un capítulo más en la historia universal de la infamia.
Un ligero pantallazo no deja duda: la guerra de la Triple Alianza para destruir al Paraguay en 1865; la Campaña del Desierto en 1879, donde Roca exterminó a miles de personas de los pueblos originarios; la represión en La Forestal ; la Semana Trágica en 1919; el fusilamiento de 1.500 peones en la Patagonia en 1920-21; el golpe del ’30; los bombardeos en Plaza de Mayo en junio del ’55; el golpe contra Perón y los fusilamientos de la “Libertadora”; la dictadura de Onganía y Lanusse con los fusilamientos de Trelew y, en 1976, el genocidio rematado con el desastre de Malvinas en 1982.
Pero la feroz represión aplicada desde 1976 generó también una enorme movilización, que iniciaron los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y luego se generalizó. A fines de 1982 un enorme movimiento de masas cruzaba el país y barrió a las FF.AA. del poder. Desde diciembre del ’83, cuando toda la sociedad comenzó a conocer los crímenes de los genocidas, cientos de miles se movilizaban por juicio y castigo, contando con la simpatía de millones.
La pelea fue muy larga y atravesó muchas dificultades. Los gobiernos democráticos desde Alfonsín hasta hoy buscaron retacear -leyes de punto final y obediencia debida- o directamente impedir -indultos de Menem- que se juzgue a los genocidas. Pero la exigencia de justicia, apoyada en la lucha popular, se terminó imponiendo. Finalmente las leyes de impunidad fueron anuladas, y los decretos, declarados inconstitucionales por los jueces.
Esto abrió los actuales juicios por las violaciones a los derechos humanos. Allí se pone al descubierto no solo la brutalidad de la dictadura, sino la naturaleza antipopular de las FF.AA. que actuaron como un salvaje ejército de ocupación del propio país.
La lucha por juicio y castigo, más el repudio generalizado a esos crímenes, terminó con gran parte de los privilegios militares. Se suprimió el servicio militar obligatorio que hacía de nuestros jóvenes los sirvientes de oficiales y suboficiales. El reclamo contra los genocidas y las consecuencias de la derrota de Malvinas terminaron con los militares como grupo de poder político en Argentina. Esto es una enorme conquista popular. Antes, jornadas como las de diciembre de 2001 se saldaban con un golpe de Estado. Ahora los militares debieron esconderse en sus cuarteles, mientras el pueblo ocupaba calles y plazas.
Sin embargo, ningún dirigente tradicional quiere destruir ni cambiar de raíz estas FF.AA. Solo se las quiere maquillar para adaptarlas a la nueva situación. En esa dirección se mueve el kirchnerismo.
Por eso y buscando limitar el enjuiciamiento a los genocidas, Cristina Kirchner insiste en que ahora hay una “nueva generación” de militares. A fines del año pasado, al dirigirse a jóvenes oficiales recién incorporados, dijo que entraban a una “institución militar diferente y mejor”, desvinculada de un pasado de golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos. Según ella, estamos en un nuevo camino donde “vamos a darnos Fuerzas Armadas modernas, profesionales y que cumplan con el lugar que la Constitución les asigna”.
La cuestión no es de “generaciones”. Desde que las fuerzas armadas dejaron de estar formadas por milicias populares, como era durante las guerras de la Independencia, en vez de defender al pueblo, la soberanía y el patrimonio nacional pasaron a defender a los grupos de poder y a un sistema que arroja al hambre y la miseria a millones.
Ahora el kirchnerismo intenta mejorar la desprestigiada imagen de las FF.AA. y de seguridad, policiales y paramilitares como Gendarmería o Prefectura, para preservar “las instituciones”. Quiere salvar el garrote para poder utilizarlo contra las luchas y reclamos populares, como ya lo hace. Pero enfrenta muchas dificultades, porque la movilización popular sigue exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas -retirados o activos- y es incontrastable que en los últimos 20 años las masas lograron algo enorme: derrotar históricamente a las FF.AA. como aparato político de poder en el país.
En ese marco de lucha y movilización debemos continuar hasta reemplazar estas Fuerzas Armadas por otras, integradas popularmente, que defiendan los intereses de los trabajadores y el pueblo, y nuestra soberanía frente al imperialismo.