El scoring porteño no sirve

El 7 de febrero, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo sistema de puntaje para conductores, el scoring. Lo votaron todos, excepto Patricia Walsh. Resumimos aquí lo que nuestra diputada dijo en esa sesión.

El bloque Nueva Izquierda va a votar en contra. Sentimos una enorme responsabilidad al emitir este voto negativo, porque se generó la expectativa de que todos los bloques lo aprueben. Pero lo hacemos a conciencia y profundamente convencidos de que mejor que aprobar una mala ley es votar en contra.
Este debate refiere a experiencias en países como el Reino Unido, Francia, algún país escandinavo y España. Sin embargo, resulta temerario plantear esa comparación. Cualquier persona que estudie a conciencia las similitudes y diferencias se encontrará con que en Francia y España el sistema de transporte público es estatal. Esto establece una absurda dificultad para comparar lo que sucede con el tránsito en París y Madrid y en Buenos Aires.

La existencia de estadísticas confiables es cuestionable. En gran medida las aportan las ONG, porque el Estado de la Ciudad, la Nación y las provincias desertan de su obligación. Entonces las ONG, basadas en la muy buena voluntad e incluso el dolor de los familiares de las víctimas, intentan sustituir al Estado que se ausenta de su responsabilidad.
Los programas nuevos se suelen anunciar con bombos y platillos. El problema es que no se cumplen. Las «políticas de Estado» que aquí se mencionaron consisten en no hacer lo que se promete, ni en campaña electoral, ni en lo que se legisla o se reglamenta, ni nada. Luego se ingresa en un período de amnesia y se les echa la culpa a otros, en este caso a los conductores. Pero si pensáramos en un scoring que nos asignara puntaje en la tarea legislativa, se correría el riesgo de que diera menos 20. Las estadísticas confiables sencillamente no existen.

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SLas personas que están al volante de los colectivos y taxis no trabajan 8 horas, como preveía la legislación del siglo pasado, sino 12, 14 y hasta 16. No pensar en la incidencia de la fatiga es desconocer la realidad.
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La educación vial, que algunos legisladores elogian tanto, aquí brilla por su ausencia. Consultamos con los docentes -para nosotros son los que realmente saben cómo se desarrolla este tema- y nos contaron que se puede hacer muy poco en unos días, en los cuales con suerte consigan que los niños dibujen algunas señales de tránsito. Esta no es la idea. Educación vial no sólo es incluirla en el nombre de una «semana», sino también educar. En nada se avanzó en el 2007. Tampoco se capacitó a los docentes para que puedan dictar materias específicas.
Existe la Dirección General de Seguridad Vial. Nos preocupamos por ver si puede encarar todo lo que está pendiente, que es casi todo, en seguridad y educación vial. Dicho con mucha frustración, nos parece que las 90 personas que la integran, de las cuales sólo 20 están abocadas a educación, no permiten seguir sosteniendo la fantasía de que alguien realmente se ocupa de la educación vial. Si no educamos, nadie aprende. Si nadie aprende, la idea de que conozcan las normas es fantasiosa.

Respecto del endurecimiento de las normas, los argentinos hemos pasado por una experiencia no muy remota vinculada con el «manodurismo». La idea de que agravar las penalidades conduzca a que las faltas, contravenciones e incluso delitos no se lleven a cabo es falsa. Nosotros apostamos todo por la educación; junto a la prevención son el comienzo de la salida a este gravísimo problema.
Tenemos muchas muertes y muchas personas que quedan discapacitadas y gravemente heridas a causa de los accidentes de tránsito. Pero creemos que el scoring no lo resuelve. La Ciudad carece de su policía propia. Y mientras no seamos capaces de solucionar esta problemática, habrá que seguir contando con los servicios de la Policía Federal. Aquí hay algo que no se menciona: la fuerte desconfianza de amplios sectores en el accionar de esa Policía, tan sospechada en muchísimos temas de formar parte del problema y no de la solución.
Asignarle a la Guardia Urbana cuestiones de control de tránsito nos parece mucho más razonable que despedir a su personal. El contralor de las faltas y contravenciones está en una situación altamente problemática.

El transporte público no es un dato menor. Una razón a incluir en la policausalidad de los accidentes es cómo se transporta y qué capacidad tiene la Ciudad de soportar un caudal de vehículos cada vez mayor. El proyecto no plantea estos temas. Las personas que están al volante de los colectivos y taxis no trabajan 8 horas, como preveía la legislación del siglo pasado, sino 12, 14 y hasta 16. No pensar en la incidencia de la fatiga es desconocer la realidad.
¿Los di-putados y diputadas no viajan en taxi, no hablan con sus conductores, no saben que los peones trabajan unas 16 horas diarias? ¿Es lo mismo estar bajo un sistema de superexplotación que conducir libremente como un automovilista? Las situaciones son tan distintas, que me parece un pecado de ingenuidad no conocer que los choferes de colectivos también están sometidos a un sistema que obliga a dar determinada cantidad de vueltas; que sólo el 50% de su salario es en blanco y el resto se cobra sólo si dan tanta cantidad de vueltas y si suben al colectivo tanto número de pasajeros. Esto los pone bajo una situación de extrema tensión. Y estas cuestiones son tan elementales, que parece mentira que no se le haya ocurrido a ningún legislador de la Comisión de Tránsito. Debemos pensar cómo podríamos enfrentar estas dificultades para que ningún trabajador al volante trabaje más de 6 horas. Es lo único que permitiría hablar de París, porque allí, señores diputados, se trabaja 35 horas y media semanales.

Respecto del exceso de velocidad, cualquiera sabe que cuando el coche sale de fábrica puede tener un mecanismo que impida que supere las velocidades máximas. Si no hablamos de la responsabilidad de los empresarios, de un scoring para ellos y de otras cuestiones que no sean echarle la culpa al conductor, es imposible admitir los considerandos del proyecto, donde hay una frase que desnuda el espíritu, la ideología y la política de las que se vale: “que los problemas de seguridad vial de la Ciudad encuentran su causa principal en el constante ánimo de imprudencia y desdén de los conductores hacia la norma de ordenación del tránsito”. Nos dicen que la culpa principal la tienen los conductores.

En esta ciudad no hay educación vial. El sistema de verificación técnica vehicular se cumple muy mal. El tema jurisdiccional no es menor. La diferencia entre si los puntos tienen que ver con el conductor o el dominio, tampoco. Este proyecto no apunta a las razones de fondo, estructurales, y se inserta en una sucesión de leyes. Por eso no se comprende cómo legislando «tan bien», los accidentes aumentan. La dificultad de detectar al infractor que cruza un semáforo en rojo, o que no se detiene, implica reconocer la ineficacia de lo que se pretende hacer. Mucho me temo que esto tampoco sirva.
Ratifico que a mí me conmueve, me preocupa y me ocupa el tema de los accidentes de tránsito. Tengo una posición durísima con respecto a los automovilistas que corren picadas. Pero eso de ningún modo me habilita a legislar mal. Por eso votamos en contra.