Terminar con la inseguridad

La inseguridad crece a la par del aumento de la
desigualdad social y la marginalidad, golpeando con
más dureza a los más pobres. A su vez, el poder político, los comisarios y los jueces integran un triángulo de impunidad que habilita los delitos. Para resolver el problema, la “mano dura” no sirve.En Tres Arroyos, a partir de la ola de asaltos y el crimen
de una dermatóloga, los vecinos hicieron una asamblea masiva, exigen la renuncia de funcionarios y decidieron armarse para defenderse. En el camino de lograr medidas de fondo,
la autodefensa es un ejemplo a imitar.

Escribe Vilma Ripoll, dirigente nacional del MST-Nueva Izquierda

Los barrios humildes sufren robos en sus calles, casas y comercios. Cualquiera puede ser asaltado, a riesgo de perder dinero, electrodomésticos o su auto, conseguidos con esfuerzo. Nadie está excento de resultar herido o muerto. El flagelo se instaló en la vida de las familias trabajadoras y populares. No tiene horario ni distingue edades: los jóvenes y los abuelos están expuestos, o los que llegan de noche, la casa no se puede dejar sola y, aún con gente, puede ser asaltada con todo tipo de artimañas.
El robo, muchas veces realizado por marginales, se acompaña de crecientes cuotas de violencia hacia quien esboza alguna clase de resistencia o no tiene nada de valor encima. Esa violencia a menudo se debe a la droga, flagelo que en nuestro país va igualmente en aumento.
También hay robos en los barrios cerrados. Tienen más difusión mediática, pero ocurren en menor proporción a los barrios pobres porque los countries tienen mayores recursos de protección. Allí los ataques tienen un nivel de operatividad, infraestructura y profesionalismo que indica una estrecha ligazón con actuales o ex «fuerzas del orden».

«Soluciones»… que no sirven

La inseguridad, y la desidia de las autoridades ante ella, generan impotencia y bronca. Sobre esa base, en su momento Blumberg ganó peso como el abanderado de la “mano dura”. Y los gobernantes, en vez de resolver las causas de fondo, aprovechan para avanzar en medidas represivas. Pero esas medidas, como poner más de la misma policía, que es corrupta y de gatillo fácil, no resuelven nada.
El gobernador bonaerense Scioli no aporta nada nuevo: “La situación de inseguridad en la Provincia es muy compleja, ya que viene de años…

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Siempre, y en todos lados, hubo amigos de lo ajeno. Pero el problema de la inseguridad ya se transformó en un drama social por dos causas: la injusta distribución de la riqueza y la impunidad.
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Alentamos a la participación ciudadana: le pedimos a la población llame al 911» (La Nación, 11/2). Ante un intento de robo, una vecina del barrio porteño de Caballito llamó al 911… y resultó que los que se llevaban sus joyas y plata eran dos policías de la comisaría 13º.
El ministro de Seguridad de Scioli, Stornelli, anunció: «Hemos dispuesto mayor presencia de efectivos y mayor equipamiento». Por eso en Junín, donde los vecinos y comerciantes se organizaron para exigir seguridad, trató de calmarlos enviando 4 móviles y 30 efectivos e instalando un taller para arreglar patrulleros…
Estas «soluciones» autoritarias de Cristina Kirchner y sus funcionarios son las de siempre, las mismas que ya vienen fracasando.

Las causas de la inseguridad

Siempre, y en todos lados, hubo amigos de lo ajeno. Pero el problema de la inseguridad ya se transformó en un drama social por dos causas: la injusta distribución de la riqueza y la impunidad.
La desigualdad económica y social genera exclusión y marginalidad. Todas las estadísticas internacionales confirman que el delito crece cuanto más injusta es la distribución de la riqueza. O sea, cuando sube la brecha social entre pobres y ricos, como pasa en Argentina. En el caso de los jóvenes, la falta de perspectiva es caldo de cultivo para caer en conductas delictivas. Porque nadie nace ladrón ni violento: se hace.

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El robo, muchas veces realizado por marginales, se acompaña de crecientes cuotas de violencia hacia quien esboza alguna clase de resistencia o no tiene nada de valor encima.
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Por eso el penalista catalán Mir Puig señala: «Que vean al menor como una víctima también, porque lo es. A ese niño o adolescente es necesario tratarlo, educarlo y ver qué problemática lo ha llevado a actuar de ese modo…”
La otra causa estructural es la impunidad, que viene desde el poder político. En Argentina todo vale. Si genocidas que torturaron, asesinaron y robaron bebés aún siguen impunes, se habilita a hacer cualquier cosa. Si los gobernantes y grandes empresarios roban, estafan, fugan capitales, evaden impuestos, contrabandean autos y demás delitos, no hay escala de valores que valga.
En cada barrio los vecinos saben quién vende o trafica droga, dónde hay «cocinas» o desarmaderos, quién levanta juego clandestino, es cafishio o chorro. Pero si muchas veces no lo denuncian es porque saben que a esos delincuentes los ampara algún comisario, juez o político de turno. Es sobre ese triángulo de impunidad que debe incidir la participación popular, para quebrarlo.
Nadie que sale a robar mira antes el Código Penal a ver a qué se expone: más bien busca qué comisario le va a liberar la zona, qué juez lo va a perdonar o qué político lo va a proteger o hasta cómo hacen negocios juntos. Ese poder político, además, suele utilizar a los marginales y barrabravas como matones a su servicio, incluso para atacar luchas de los trabajadores.
Frente a las falsas «soluciones» del gobierno y la derecha, nosotros desde la izquierda proponemos una serie de medidas alternativas concretas, tanto inmediatas como estratégicas, para reducir el nivel de delitos y poder vivir más seguros.

Las medidas que proponemos

1. La autodefensa de los barrios. Tres Arroyos es un ejemplo. “El vecindario está más despierto que nunca… en las esquinas o sobre los techos, los vecinos vigilan todo. Están conectados con celulares y empuñando revólveres y carabinas…” (Clarín)Los vecinos se organizan en asamblea, hacen rondas de vigilancia con sus autos, establecieron sistemas de aviso mutuo y están armados para autodefenderse. Es un derecho que debe ser reconocido. Asimismo hay marchas y otras acciones. Toda esta organización no debe ser desviada a una guerra de pobres contra pobres, ni a que las autoridades la utilicen para meter medidas represivas. Los gobernadores, intendentes, fiscales, jueces y fuerzas de seguridad deben poner sus recursos a disposición de las decisiones democráticas de los vecinos, y no al revés.
Los movimientos de desocupados, que también conocen muy bien sus barrios, pueden aportar mucho a esta autodefensa. Es lo opuesto al clientelismo y al aislamiento a que quiere someterlos el gobierno.
2. Trabajo para todos. Sin trabajo no hay dignidad social. Un plan de obra pública que genere empleo e incluya construir viviendas populares, iluminar y asfaltar las calles de los barrios más humildes, sería un arma útil contra la exclusión social y la inseguridad. Como complemento debe existir una red de asistencia social efectiva para los desocupados, con subsidios dignos y becas escolares. En cuanto a las víctimas, el Estado debe hacerse cargo de su atención médica y psicológica, así como resarcir las pérdidas materiales.
3. Reforma total de la policía. Los comisarios deben ser electos por el voto de los vecinos y ser revocables si no cumplen. Su currículum, así como los programas de formación policial, deben ser aprobados y controlados por los organismos de derechos humanos.
Las policías Federal y provinciales hoy están diseñadas para garantizar la explotación capitalista y reprimir las luchas sociales. Como parte de desmantelar el aparato represivo, entre otras medidas hay que separar y enjuiciar a todas sus cúpulas vinculadas a la corrupción o a la represión de ayer y de hoy. Los agentes policiales deben tener derecho a agremiarse, para pelear por sus condiciones de trabajo y poder negarse a recaudar para los comisarios.
4. Una justicia al servicio del pueblo. La justicia hoy castiga duramente a los ladrones de gallinas, mientras protege a los poderosos y altos funcionarios. La única forma de tener un sistema judicial realmente independiente, que no dependa del poder político como ahora, es que los jueces sean elegidos por los ciudadanos mediante el voto. También es necesario establecer los juicios por jurados populares, con vecinos sorteados, que es una metodología mucho más justa y rápida.
El sistema penitenciario actual es violento y abusivo. Hace falta una reforma integral para que deje de ser una universidad del delito y tenga como objetivo la recuperación y la reinserción social.
5. Basta de vieja política y corrupción. El PJ, la UCR y demás partidos patronales se llenan la boca hablando de la inseguridad. Hay que desmantelar su andamiaje de patotas y sirvientes del trabajo sucio, ligados a la delincuencia marginal. Esto debe ser parte de una reforma política de fondo para establecer la revocabilidad de los cargos, la anulación de lemas y colectoras, la elección de los jueces por voto universal, la rebaja de las dietas a un salario promedio, castigos ejemplares a los funcionarios corruptos y el control popular directo sobre las gestiones y presupuestos, entre otras medidas democráticas.

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Frente a las falsas «soluciones» del gobierno y la derecha, nosotros desde la izquierda proponemos una serie de medidas alternativas concretas, tanto inmediatas como estratégicas, para reducir el nivel de delitos y poder vivir más seguros
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Estas medidas podrían ser aplicadas desde ya mismo. Pero no creemos que el de Cristina ni algún otro gobierno de los partidos capitalistas vaya a llevarlas adelante. Sólo si gobernamos los trabajadores y el pueblo podremos lograr verdaderas transformaciones y solución al drama de la inseguridad. En esa perspectiva, lo posible y necesario hoy es luchar para imponerlas. Empezando por apoyar e impulsar la autodefensa de los vecinos, como en Tres Arroyos.