martes, 17 de junio de 2008

Los caminos hacia la autonomía energética

Por Félix Herrero - Vicepresidente del Grupo MORENO

A pocos años -quizá menos de una década- de agotar sus reservas de petróleo y gas para convertirse de exportadora en importadora neta, la República Argentina sigue sin definir claramente una estrategia para revertir una situación que podría desembocar en una crisis de propor­ciones. Basta imaginar los efectos sobre la economía de la eventual necesidad de importar a los precios actuales (alrededor de 100 dóla­res el barril), en un país cuya matriz energética es esencialmente petrolífera. El país debe volver a considerar estratégicos el petróleo y el gas.

La verdad se corrompe, tanto con
la mentira como con el silencio.
Marco T. Cicerón

Hasta hace poco tiempo, en Argentina casi no se tocaba el tema de la propiedad de los ya­cimientos petrolíferos, de la renta petrolera, del hecho de haber convertido al petróleo en un bien comercial (antes era un bien "estratégico"), y de la propiedad provin­cial. Por razones lógicas, lo primero que se veía era que Yacimientos Petrolíferos Fis­cales (YPF) y Gas del Estado habían dejado de ser empresas públicas para convertirse en empresas de capitales internacionales, aunque Repsol siga usando la sigla de la compañía que, según se decía durante la campaña privatizadora, era la única petro­lera del mundo que daba pérdidas. La dis­cusión y las críticas se centraban en las empresas gestoras, pero los demás temas mencionados se mantuvieron silenciados.

Sin embargo, lo que en realidad hay que considerar es la naturaleza política y económica del bien petróleo; la propiedad jurídica de los yacimientos; la renta petro­lera y la naturaleza jurídica y económica de la empresa o firma petrolera privatizada. En el derecho se hace referencia a estos aspec­tos como la naturaleza de las cosas, la pro­piedad y apropiabilidad de los recursos natu­rales, el usufructo de los bienes, y el sujeto de la gestión y posesión.

EFECTOS DE LA PRIVATIZACIÓN

El paso de ''bien estratégico" a bien "de natu­raleza comercial" fue una decisión muy importante, que marcó el camino de la pri­vatización en Argentina. La conversión del petróleo en una commodity cualquiera no se declaró ni anunció por ley. Aunque para casi todos los países del mundo sigue siendo un bien estratégico, el abandono de esta noción acompañó otros procesos privatiza­dores, además del de la Argentina de Carlos Menem: la Bolivia de Sánchez de Lozada y la Rusia de Gorbachov y Yeltsin(1). En Argentina se hizo a través de tres decretos desreguladores (2) dictados antes de las pri­vatizaciones (en octubre, noviembre y diciem­bre de 1989), que prepararon la entrega del subsuelo, de la renta y de las empresas.

La privatización del subsuelo fue rea­lizada mediante abusos legales de diversos tipos (3): los contratos de servicios fueron convertidos en concesiones sin capitalizar los yacimientos; no se llamó a licitaciones y se vendió sin inventarios oficiales apro­bados; se "provincializó"(4) a cambio de prebendas a grupos gremiales empresarios (que constituyeron sociedades de servi­cios con algunos de los trabajadores despe­didos, pero que a mediano plazo resultaron un fracaso) y a gobernadores que recién hoy descubren, como ocurre en Neuquén, que las multinacionales del petróleo no cumplen con la ley ni los contratos...

Las formas de saqueo y depredación que practicó el proceso de privatización de los años '90, sobre todo en Asia, África y América Latina, son parecidas. En este sentido, la globalización no inauguró méto­dos distintos a los conocidos desde hace varios siglos (5). La apropiación del sub­suelo argentino llegó a tal grado que la empresa Repsol declaró de su propiedad, y no en concesión, el yacimiento de Loma de la Lata. Algo similar fue denunciado en Bolivia por el ex ministro de Hidrocarbu­ros Andrés Soliz Rada. Con la privatización del subsuelo y con el ejercicio del poder de inversión (o decisión de invertir) que se arro­garon las privatizadas, estas empresas actúan como si fueran propietarias de los recur­sos naturales, sin aceptar los deberes que les corresponden como concesionarias.

Con el crudo en el precio récord regis­trado en 1980 (a valores constantes), la cuan­tía de la actual renta petrolera es enorme. El hecho de que el país se vea privado de este recurso económico a causa de la privatiza­ción pone al descubierto el escándalo y el fra­caso de ese proceso en Argentina. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Rusia y otros Estados han recuperado la renta estatal en porcenta­jes superiores al 80%, pero ése no es el caso de Argentina. Actualmente, los Fondos Sobe­ranos de Riqueza (o de inversión) de los paí­ses que explotan su petróleo a través de empresas petroleras públicas (Noruega es el ejemplo típico) superan los capitales de las financieras multinacionales privadas (6).

Aunque Repsol continúa usando la sigla YPF en su razón social (Repsol-YPF S.A. se denomina la empresa matriz e YPF S.A. su filial local), se simula la nacionalidad, ya que se afirma que es una empresa hispano-argentina, aun cuando no tiene ningún socio argentino. Como ratificación de esto, el grupo Eskenazi compra sus acciones a través de la nueva empresa Petersen Energía S.A., constituida bajo la ley española y con domicilio legal en Madrid. La empresa española Repsol, con importantes accionistas estadounidenses, siguió utilizando las marcas y colores de la vieja YPF, a pesar de que durante la campaña mediática pro-privatización se afirmaba que YPF estaba desprestigiada en todo el mundo. Es difícil ocultar la nacionalidad real de una empresa cuya privatización fue muy cruenta, con consecuencias sociales y humanas que aún persisten, como el abandono de los pueblos petroleros y la situación injusta a que han sido condenados sus ex trabajadores.

Para quienes se empeñan en ver a la flamante estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) como un sustituto de YPF, es bueno recordar que YPF, la primera empresa pública de petróleo del mundo, logró el autoabastecimiento energético argentino y fue modelo de muchas de las empresas estatales de América Latina. Pero en cambio Enarsa, a la manera de Sonangol, la empresa petrolera de Angola, ha sido concebida para gestionar el otorgamiento de concesiones. En ese sentido, el Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) afirma que "apenas iniciado el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner dio el paso más importante de su política energética. A través de los convenios 'exploratorios' firmados el pasado 11 de enero, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) se transformó en una herramienta deseada por el gobierno para poder entregar a manos extranjeras los recursos hidrocarburíferos existentes en la plataforma marítima argentina"(7).

MODELOS DE RECUPERACIÓN

Cuando los ciudadanos se preguntan cómo puede recuperarse lo perdido con la aventura que destruyó al sector energético argentino, y cuyas consecuencias son, entre otras, la disminución de las reservas hasta casi el agotamiento; ausencia de inversiones; faltantes de combustibles y apagones continuos, conviene tomar en consideración las distintas respuestas de otros países al mismo problema.

Venezuela y Bolivia eligieron la vía de la nacionalización de los yacimientos. El primero se limitó a impedir la privatización. Cuando anunció la nacionalización, el 1-05-2006, el gobierno boliviano ocupó los yacimientos y refinerías con el ejército y volvió a plantar allí la bandera nacional.

Rusia utilizó otro camino: la reversión de las concesiones por incumplimientos varios, lo que hizo que las empresas privatizadas volvieran al Estado. Las concesiones se revirtieron en los tribunales porque las compañías no respetaron las normas ambientales e impositivas (las concesionarias evadían impuestos), y también por razones contractuales, ya que no cumplieron con las inversiones comprometidas. Algunos de los dueños de las concesionarias, integrantes de la llamada "mafia petrolera", están presos en Siberia o exiliados en Londres.

El modelo de Ecuador se basa en la recuperación de la renta petrolera. Comenzó a aplicarse hace dos años, con un grado importante de nacionalización de la renta, al establecerse una participación a partes iguales (50/50) entre el Estado y las petroleras sobre el total del petróleo extraído en el país. Desde noviembre de 2007, a la ganancia excedente cuando el precio del barril supera los 35 dólares, se le aplica un impuesto del 99%.

Otro impuesto que puede ser utilizado para captar la renta (y no sólo para asegurar la oferta interna o satisfacer las necesidades fiscales) consiste en las retenciones(8), aunque éstas solamente alcanzan a las exportaciones. En el Cuadro 1 puede verse la evolución lenta pero positiva que han tenido las retenciones argentinas a partir de marzo de 2002, cuando fueron establecidas con el objeto de morigerar las consecuencias de la crisis del modelo neoliberal. Argentina está exportando ahora sólo el 7% del crudo extraído y el 28% de las naftas refinadas, según el comportamiento de los 7 primeros meses de 2007. La caída de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural que se vienen produciendo en los últimos años, como muestra el Cuadro 2, aminora el efecto de las retenciones a las exportaciones(9). Las retenciones fueron establecidas por la ley 25.561, sancionada el 6-01-2002. Con el 55% real, establecido para el petróleo crudo desde noviembre de 2007, el incremento de las retenciones ha sido muy importante. Lo mismo ocurre con las naftas (súper y común): cuando su precio de exportación supere los 711 dólares el metro cúbico (352 d/m3 para la nafta destinada a la petroquímica), habrá un aumento importante de las retenciones. Si no supera los 711 dólares, la retención real es del 31 %, que es el piso de la retención (antes era el 4,7% real) y si supera ese valor la retención va aumentando con el precio internacional. En la nafta petroquímica, como el precio actual es superior al de corte de 352 dólares el metro cúbico, se paga entre 45% y 47% real.

Si estos valores se hubiesen aplicado en los últimos años, el ingreso fiscal generado habría evitado que grupos financieros privados compraran acciones de YPF S.A. acentuando la privatización de la empresa. Con los ingresos obtenidos el Estado argentino las podría haber comprado directamente.

Lo anterior pone en evidencia que se trata de una medida parcial, porque no se aplica al total de la extracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Estado argentino, para verificar el grado de extracción y reservas, se conforma... ¡con una declaración jurada de las empresas!

EL CAMINO A ADOPTAR

El camino más fácil y lógico para la recuperación energética argentina probablemente consista en reemplazar el criterio de caracterización del petróleo como bien comercial, mediante un decreto que anule los tres decretos desreguladores de 1989, y vuelva a convertir al petróleo, corno en todos los países del mundo, en un bien estratégico.

Esto podría provocar un cambio en la política de exportaciones, en la remesa de utilidades y en la comercialización interna. Posibilitaría además el abandono de los precios internacionales del crudo como referentes para la economía interna, evitando el descontrol de las reservas, de la extracción y de las inversiones. Provocaría también un cambio en la naturaleza de servicio privado que se ha impuesto de hecho al servicio público de la energía.

Los resultados negativos del modelo privatizador son muchos y muy evidentes, pero hay uno que se suele olvidar y silenciar, a pesar de su trascendencia: en Argentina se ha consolidado una matriz energética muy vulnerable, ya que el consumo de energía depende en más del 83% del petróleo y el gas. Dado el agotamiento prematuro de sus reservas, el país se encuentra ante la necesidad de importar hidrocarburos a precios internacionales. Aunque dispone de todas las fuentes energéticas, Argentina no las explota adecuadamente. Con la pérdida de la decisión de invertir del Estado, se consolida una matriz dependiente del petróleo y del gas natural. Este resultado es completamente distinto al modelo adoptado por las naciones que van preparando sus estructuras energéticas a los tiempos que vendrán, corno se observa en el Cuadro 3.

Los países desarrollados logran ir dejando o limitando las matrices vulnerables por mayor dependencia del crudo y del gas natural, mientras que en los subdesarrollados energéticamente se mantiene o profundiza la dependencia de los hidrocarburos. Francia, Brasil, Canadá y Estados Unidos desarrollan fuertemente energías alternativas al petróleo: Francia la nuclear, Brasil y Canadá la hidroelectricidad, Estados Unidos el carbón. Las campañas contra estas energías parecen estar dirigidas a intensificar la producción de los llamados biocombustibles. En Argentina no se fomenta el desarrollo del hidrógeno (a pesar de la loable iniciativa llevada a cabo por el Estado municipal en Pico Truncado), ni la generación eólica, como hacen las cooperativas de Comodoro Rivadavia. Tampoco se avanza en hidroelectricidad y energía nuclear, como ocurría cuando el Estado nacional generaba y obtenía la renta petro­lera a través de YPF y las demás empresas públicas. Ahora, en vez de invertir en energías más limpias, que no atenten contra el ambiente ni contra las personas, se fomenta un negocio que es para los sectores concentrados de la economía y no para beneficio de toda la población: el agrobusiness(10), cuya expansión hará encarecer más aun los alimentos.

Por estas razones se debe exhortar a la recuperación del petróleo y el gas argentinos, para que "la renta no siga yéndose por el mar", corno decía Enrique Mosconi, el fundador de YPF, y para que las transnacionales dejen de sentir que el subsuelo argentino les pertenece y las empresas gestionarias no tengan corno único objetivo la ganancia.

Son decisiones que debe tornar el poder político. Como afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales: "Primero se debió nacionalizar el Estado, que estaba descuartizado y privatizado" para luego nacionalizar los hidrocarburos(11)


Notas.
(1) Walter Graziano, No vieron Matrix, Planeta, Buenos Aires, 2007.
(2) Decretos 1055, 1212 Y 1589, todos de 1989,
(3) El MORENO presentó un recurso de amparo y acción de inconstitucionalidad. La Causa del MORENO, Editorial Moreno, Buenos Aires, 2007
(4) Para un completo estudio histórico y jurídico sobre la provincialización de los hidrocarburos en Argentina, ver Enrique Hidalgo, "Hidrocarburos: algunas referencias históricas sobre competencia de la Nación y las provincias", Buenos Aires, 2007 (http://enriquehidalgo.wordpress.com/2007/09/17/hidrocarburos).
(5) Un estudio que sistematiza las formas de entrega y despojo de los recursos naturales en el mundo, tanto en los países desarrollados como en 105 colonizados, es el de Michel Volle, Prédation et prédateurs, Paris, 2007.
(6) Para un análisis de la renta petrolera argentina, véase Diego Mansilla. "Hidrocarburos y política energética. De la importancia estratégica al valor económico", Ediciones del CCe. Buenos Aires, 2007.
(7) NPEL. Saqueo petrolero, Ediciones del lPS, Buenos Aires, 2007,
(8) En Argentina, con la Resolución 394 del Ministerio de Economía (16-11-07), las retenciones al petróleo suben del 31 % al 55% real. Las retenciones a las naftas a un determinado precio de exportación (352 dólares el m' de nafta) suben del 4,7% al 31 % (ver Cuadro 1), El metro cúbico de petróleo equivale a 6,29 barriles. La diferencia entre la tasa nominal legal y la tasa real se debe a la forma de cálculo que aplica la dirección de Aduanas.
(9) El apoyo y la oposición a las retenciones define las posiciones frente a las empresas. Algunos gobernadores y el sindicalismo petrolero privado apoyan a las compañías petroleras al oponerse a las retenciones y a sus aumen­tos, en vez de exigir que este impuesto, aplicado sólo a las exportaciones, no incida en las regalías que reciben las provincias y que el despido de trabajadores no se convierta en un chantaje de las compañías para la anulación del impuesto. Analistas independientes y, por primera vez un amplio sector de las estaciones de servicio han solicitado en enero de 2008 un aumento sustancial de las tasas de retención de los combustibles líquidos para evitar su escasez
(10) "En su vida relativamente corta como mercancía internacional, los combustibles agroindustriales ya se han convertido en una importante causa de nuevos atropellos a los derechos humanos y al derecho a la tierra de los indígenas y campesinos. También han dado lugar a alianzas corporativas inéditas (...) compañías petroleras y automovilísticas; las que controlan el comercio mundial de cereales y las que monopolizan las semillas, otros rubros transnacionales y algunas empresas nuevas junto a algunas universidades". Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC, La Jornada, México. 6-1.08.
(11)Discurso presidencial del 1-5-06

Publicado en "Le Monde diplomatique / el Dipló" - Febrero 2008 .

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