lunes, 4 de agosto de 2008

Ciudad de Buenos Aires: el macrismo, los K y la Coalición Cívica a gusto de los contratistas privados

En la sesión de la Legislatura porteña del 24 de julio, los bloques mayoritarios aprobaron dos leyes para beneficiar a los grandes contratistas privados: un régimen de reajuste de precios y un endeudamiento por 490 millones de pesos.
Sólo se opusieron unos pocos diputados, entre ellos Patricia Walsh, quien entre otros conceptos denunció:

Son proyectos siameses, atados uno al otro: le van a reconocer mejores precios a los contratistas y emiten certificados de deuda para pagarles. El bloque Nueva Izquierda vota en contra de ambos. Aunque no soy economista, la vida me obligó a entenderme con lo que se suele llamar “deuda flotante”. La deuda podrá ser “flotante”, pero estos endeudamientos no nos ayudan a flotar sino a correr el riesgo de hundirnos.
En esta historia se camina para atrás. El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2 del 2003 reconocía los aumentos de precios, pero incluía el principio del “sacrificio compartido” Y otro requisito era que “el contratista no registre disminución en el ritmo de las obras”.
Ahora Mauricio Macri propone un nuevo régimen para redeterminar los precios de los contratos de obra pública y de servicios, cuando los costos reflejen una variación superior al 7%. Los precios de referencia son los del INDEC, la Dirección de Estadística del Ministerio de Hacienda u otros organismos públicos. Si hablamos del INDEC, es bueno decir que no sólo elabora índices truchos, recontratruchos, sino además a fuerza de apalear a los trabajadores. Y la Dirección de Estadísticas no elabora estadísticas de precios. ¿Será que Hacienda prevé elaborarlas para compensar a los proveedores?
El objetivo es asegurarle a las empresas la famosa “ecuación económico-financiera”. El único principio rector es compensarlos por el incremento del costo. Se elimina el “sacrificio compartido”. Además ahora, aunque hayan paralizado la obra, tendrán derecho a la redeterminación de precios. Es un traje a medida de los grandes contratistas privados, que va a afectar las cuentas públicas de la Ciudad y a todos nosotros.
En enero, Macri dictó un decreto para relevar las “deudas legítimas”. Hoy dice que ascienden a 800 millones, pero no hay ninguna lista. Se incumple lo que prometió el jefe de gabinete, de que al momento de tratar este proyecto tendríamos el detalle “peso por peso, acreedor por acreedor”. No tenemos nada. Tampoco informan los pagos parciales ni la composición de esos 490 millones a pagar. Y los certificados o bonos devengarán un interés según la tasa Badlar, hoy casi un 14% anual, bastante más que la mentirosa inflación oficial.
El Poder Ejecutivo ya cuenta con los fondos del Presupuesto 2008. Además pidió un endeudamiento adicional por 150 millones para equipamiento hospitalario y otro por 1.500 millones para el Fondo de obras. Ahora pide otro más por 490 millones para saldar deudas con las empresas privadas. ¿Tenían realmente un plan de gobierno? ¿Habían hecho las cuentas? ¿Hicieron campaña electoral prometiendo endeudar a la Ciudad? No. El bloque Nueva Izquierda se opone a seguir generando endeudamiento que resuelve la situación de unos pocos, pero que pagaremos todos los vecinos.

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